Mayo/2008
Hace dos décadas se conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, propuesto en Costa Rica en el marco del encuentro de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos. Y en estos 20 años son muchas las iniciativas que se han instalado para mejorar la calidad de la atención de salud y el acceso a derechos de mujeres en todo el mundo. Sin embargo seguimos viendo como la salud de las mujeres es uno de los derechos más vulnerados diariamente, con diferentes manifestaciones de violencia en los espacios que se supone, están dirigidos a aliviar las dolencias de las personas.
Por ejemplo, el aborto sigue siendo un tema pendiente, a pesar que estudios señalan que se realizarían unos 160.000 abortos anuales en Chile. Pero no se considera un problema de salud y no se le trata como tal, se sigue enfrentando como “situaciones aisladas”, cuando los números demuestran que no lo son. Ante una realidad clara e indesmentible como es el aborto en Chile, la sociedad responde ignorando e invisibilizando a las mujeres que toman esta decisión.
Un ejemplo aún más fresco: las movilizaciones gatilladas por el cuestionamiento de la anticoncepción de emergencia, que ahora se trasladan a exigir esta posibilidad a los consultorios de salud municipales, como un derecho de cientos de mujeres que valoran su propia salud y la determinación sobre sus cuerpos como un paso necesario y urgente.
Es claro que las formas de violencia contra las mujeres en los sistemas de salud se repiten. Ya no sólo es la obligación de ir a los exámenes ginecológicos con falda y “pasar rapidito”, sin ninguna contemplación por lo invasivo de estos procedimientos, también es la imposibilidad de elegir cómo y cuándo parir, y aún más, el cómo y cuándo regular la propia fertilidad.
Y por supuesto la inequidad en el acceso, dependiendo del poder adquisitivo de cada persona. No podemos olvidar que el cuestionamiento sobre la píldora anticonceptiva de emergencia en la práctica, alcanzaría sólo para los consultorios donde se atienden las mujeres de menos recursos, porque en las farmacias se seguiría vendiendo. Es decir, el acceso de salud es un problema de género pero también de clase, que se manifiesta en el maltrato y en el acceso precario de las mujeres más pobres de nuestro país.
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