Derecho a Decidir

En diciembre de 2017 el Programa Derecho a Decidir entregó recursos a nueve organizaciones con arraigo territorial y una red, cuyos planes de trabajo son para ampliar y profundizar el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos y el derecho a decidir de las mujeres, a través de acciones de difusión y comunicación pública, así como de espacios de sensibilización y educación para distintas comunidades. Se agrega a esto, el interés en documentar el impacto en el ejercicio del derecho a decidir de las mujeres de la acción fundamentalista de los grupos anti derecho a nivel territorial, y en iniciativas de exigibilidad del acceso al aborto, particularmente por razón de violación.

En conjunto, las organizaciones coparte abarcan una importante diversidad de niñas, jóvenes y mujeres, incluidas aquellas que pertenecen a comunidades históricamente vulneradas en sus derechos humanos como pueblos indígenas, de zonas rurales y migrantes. La apuesta: apoyar el activismo dirigido a fortalecer la autonomía de las mujeres y la transformación de discursos, percepciones, actitudes y conductas en las comunidades que las criminalizan por abortar y no reconocen su derecho a decidir.

Contribuir al fortalecimiento de las organizaciones y articulaciones feministas y de mujeres en Chile, que trabajan desde el activismo social y en sus territorios, desarrollando estrategias e iniciativas de información, sensibilización, formación e incidencia en derechos sexuales y reproductivos con énfasis en el derecho a decidir, la libre opción y la autonomía de los cuerpos

Copartes

10

Aportes Directos Entregados

USD 51.000

En conjunto, las organizaciones coparte abarcan una importante diversidad de niñas, jóvenes y mujeres, incluidas aquellas que pertenecen a comunidades históricamente vulneradas en sus derechos humanos como pueblos indígenas, de zonas rurales ymigrantes. La apuesta: apoyar el activismo dirigido a fortalecer la autonomía de las mujeres y la transformación de discursos, percepciones, actitudes y conductas en las comunidades que las criminalizan por abortar y no reconocen su derecho a decidir.

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