Ley de identidad de género: Una deuda pendiente

Ley de identidad de género: Una deuda pendiente

Fue una de las promesas de campaña de Michelle Bachelet, pero a meses de su tramitación, la ley de identidad de género no genera consensos. Mientras la derecha recurre a los más diversos subterfugios para dilatar su discusión y cuestionar diferentes aspectos, organizaciones trans critican que el proyecto sigue dejando en manos de la justicia el derecho a cambiar de identidad y no lo convierte en un proceso administrativo, fácil de concretar, como en otros países.

Contenta está Yokonda Smith, quien recientemente recibió su carnet con su identidad femenina. “Me siento bien, me siento mujer ¡me siento libre! Cuando me piden la cédula ahora la saco sin problemas y no como antes, cuando lo hacía con vergüenza”, comenta la Presidenta de la agrupación social y cultural Nefertiti de Iquique.

Pero el proceso para obtener su actual identidad no fue nada fácil. Yokonda tuvo que pasar por una serie de trámites médicos, sicológicos y judiciales que rayan en lo vejatorio. “Me sentí absolutamente pasada a llevar en mis derechos. En la consulta con el médico sacaron fotos a mis partes íntimas, después tuve que ir a tres sesiones con un sicólogo al cual tuve que contarle muchos episodios de mi vida. Además, me trataba como hombre y no como mujer; estaba acompañado de una estudiante en práctica, haciendo todo menos íntimo y se demoró alrededor de seis meses en entregar el informe al juzgado. Eso hizo que mi cambio de identidad tardara alrededor de un año y medio”, relata.

En Chile, el trámite para cambiar de identidad es altamente judicializado. Eso ha llevado a que muchas personas desistan de realizarlo. Tal es el caso de Kary Chamorro, integrante de la Agrupación Transgéneras por el Cambio de Talca. “No tenemos por qué pasar por médicos y nos traten como enfermas para cambiar de identidad ¿Por qué un juez tiene que determinar cómo transitamos por la vida? Si el trámite fuera administrativo, podríamos ir al Registro Civil y no tener que ser sometidas a revisiones sicológicas”, enfatiza Kary, quien recientemente se convirtió en la primera persona trans en ingresar a la administración pública en la Seremi de Gobierno de la Región del Maule.

Difícil camino de una ley
El poder legislativo ha sido sindicado por diversas organizaciones activistas como causante de dilatar el proyecto y poner diferentes trabas para su tramitación. De hecho, a septiembre del presente año, hubo nueve períodos de indicaciones seguidos en los que no se sesionó, y que incluso obligó al Ministro Secretario General de Gobierno, Marcelo Díaz, a clasificar de suma urgencia a la Ley de Identidad de Género en la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

El mayor escollo que esta iniciativa ha enfrentado se explica por el rol que han jugado en dicha comisión el RN Manuel José Ossandón y la parlamentaria UDI Jacqueline van Rysselberghe. Esta última ha cuestionado diferentes aspectos del proyecto, como el hecho de que niñas y niños puedan cambiar de identidad o que una persona que se reasigne sexo pueda contraer matrimonio. “En el fondo, lo que nosotros estamos hablando, sobre todo hoy que hay un Acuerdo de Unión Civil, en donde las personas del mismo sexo biológico pueden regular su convivencia a través de una figura jurídica, si nosotros avanzamos en permitir el matrimonio entre dos personas del mismo sexo biológico, pero de distinto sexo registral, no hay ninguna razón para no permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo biológico que no han cambiado su sexo registral (…) Me parece a mí que eso es llegar al matrimonio igualitario por el camino corto.”, consignó en agosto pasado la parlamentaria.

Se suma a estos problemas legislativos, críticas de parte de organizaciones pro diversidad porque sigue considerando el proceso de cambio de identidad como un trámite judicial y no administrativo. “Pedimos que la ley sea como las promulgadas en Argentina, Dinamarca, Malta, Colombia o México. Este es un problema que hemos planteado a la Segegob, pues no han manifestado su voluntad de cambiar el carácter judicial de cambio de identidad”, sostiene Michel Riquelme, Presidente de OTD (Organizando Trans Diversidades).

Tanto OTD como otras agrupaciones que integran el Frente de Diversidad Sexual, ven con preocupación que el proyecto se mantenga de dicha manera. “Al parecer el Gobierno quiere cumplir rápidamente con su agenda legislativa, pero no queremos que saquen una mala ley como la Zamudio, que, en el caso de las personas trans, no nos beneficia mucho”, comenta Michel.

Discriminación continua y persistente
Para las organizaciones activistas estar presentes en el Congreso y visibilizar sus consideraciones en torno al proyecto ha sido difícil. “Por una parte el papel de Jacqueline van Rysselberghe ha sido nefasto, incluso ha impedido que la sociedad civil esté presente en las sesiones de la Comisión, y por otro, la gente toma más en cuenta lo que diga Rolando Jiménez del Movilh, con quien discrepamos su modo de operar a puertas cerradas, a lo que diga una persona trans. El Gobierno también prefiere asociarse al Movilh porque sabe que la prensa llegará, lo cual es una señal muy negativa”, sostiene el presidente de OTD.

Similar opinión tiene Yokonda Smith, quien siente que las leyes promulgadas últimamente benefician a los gay mientras los derechos de las personas trans siguen siendo desestimados. “Siempre nos han apartado y esta vez no es la excepción. No sólo nos discriminan los heterosexuales sino los gay. Las trans somos las putas, las maracas, las cogoteras, las sidientas, somos la lacra, lo que nadie quiere ver. Acá en Iquique hay organizaciones gay que no quieren marchar con nosotras”, sostiene la presidenta de Nefertiti.

Además, la falta de recursos para las organizaciones trans impide estar presentes en la mayoría de las acciones que ocurren en Santiago y el Congreso. “Estamos a 25 horas en bus de Santiago y este año ha sido complejo en términos de financiamiento. Como Nefertiti no hemos podido estar presentes como quisiéramos”, dice Yokonda.

Kary Chamorro cuenta que el hecho de estar en Talca tampoco ha facilitado su presencia en acciones relacionadas con el proyecto de ley. El año pasado visibilizamos el proyecto en la ciudad, realizamos encuestas para dar cuenta de la percepción de los talquinos frente a las personas trans y organizamos mesas informativas en diferentes universidades, pero este año nuestra situación económica es muy crítica y eso nos ha impedido participar”.

En esa línea, Michel Riquelme consigna que la falta de recursos incide en que el activismo de las personas trans no se manifieste con mayor fuerza. “A eso hay que sumar que la vida de las personas trans es muy compleja: por lo general no pueden terminar el colegio, se ven obligadas a realizar trabajos muy mal remunerados y en condiciones complejas. Todo es mucho más difícil”, arguye el representante de OTD, colectivo que el pasado 10 de octubre llevó a cabo junto a otras organizaciones el Primer Festival por la Despatologización de las Identidades Trans.

Lo que viene
Es muy incierto predecir una fecha estimada cuando este proyecto se convierta en ley, considerando que en el mejor de los casos podría ser votado en el Senado y pasar a la Cámara de Diputados a fines de este año 2015. Esto sin considerar la manera en que van Rysselberghe ha abordado el tema, donde el avance de esta ley se ve más como una moneda de cambio con el Ejecutivo por otros proyectos emblemáticos que una real discusión sobre derechos humanos.

Mientras tanto, la OTD como otras organizaciones seguirán haciendo lobby directo con el Ejecutivo y los parlamentarios para intentar mejorar el proyecto y, cuando pase a la Cámara Baja, volver a tratar las indicaciones que no pasaron en la primera etapa, especialmente el que sea un trámite administrativo y no judicial.

Lo anterior no es un capricho, asegura Michel Riquelme: “No puede ser que el proyecto reconozca la identidad de género como un derecho y a su vez el Estado intervenga en él. Los derechos se reconocen y punto”.