En América Latina la violencia contra las mujeres alcanza niveles críticos, según la OPS/OMS, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual. En este escenario, las desapariciones de niñas y mujeres han aumentado y no pueden entenderse como hechos aislados, sino como parte de la violencia estructural sostenida por patrones patriarcales profundamente arraigados.
En Chile, una investigación de 24 Horas reveló la magnitud del fenómeno, entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2024 se registraron 58.270 denuncias por mujeres desaparecidas en todo el país.
Desde 2018, Ni Una Menos Chile trabaja para visibilizar la desaparición forzada como una forma contemporánea de violencia de género, situada dentro del marco de los derechos humanos, por ello insisten en la necesidad de políticas públicas integrales y mecanismos de respuesta por parte del Estado.
Las desapariciones no son voluntarias
Catalina Dettoni, integrante de Ni Una Menos Chile, cuenta que están trabajando para instalar la desaparición forzada como una desaparición no voluntaria de mujeres y niñas: “buscamos visibilizar esta situación como una vulneración a los derechos humanos que debe ser atendida, generar conciencia y comprender que es un continuo que responde a una violencia estructural”.
Dettoni enfatiza que en Chile, Estado parte de la Convención de Belém do Pará (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer), aún persisten casos de mujeres desaparecidas cuyos paraderos siguen sin respuesta. Entre ellas se encuentran Julia Chuñil, defensora ambiental mapuche desaparecida el 8 de noviembre de 2024; María Ercira Contreras, de 86 años, vista por última vez el 12 de mayo de 2024 en Limache y la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González, de 73 años, desaparecida desde el 15 de junio de 2025.
“Un punto muy importante es instalar justamente que estas desapariciones no son voluntarias, es decir, las mujeres no desaparecemos, nos hacen desaparecer. Por lo general, cuando sale una noticia o se sabe de alguna mujer desaparecida, justamente en el lenguaje como se plantea, da la sensación que fue por arte de magia, o se señala que es responsabilidad de las mismas mujeres”, añade la integrante de Ni Una Menos Chile.
Trabajo en los territorios
Ni Una Menos trabaja para que estos temas se instalen en la agenda política y avanzar así en el reconocimiento legal de la desaparición forzada de mujeres y niñas, por ello, sus actividades se centran en acciones de denuncia pública y en mantener presencia en varias regiones del país.
“Si bien estamos en constante conversación con distintas organizaciones de distintos territorios, articularse resulta un desafío mayor. Hemos establecido alianzas con colectivas que trabajan esta problemática: en Tarapacá, Copiapó, Concepción y la Región Metropolitana, lugares donde más casos se registran año a año”.
Gracias al apoyo de Fondo Alquimia, Ni Una Menos ha llegado a distintos territorios, permitiéndoles fortalecer sus vínculos con organizaciones locales para dimensionar la magnitud del problema y comprender los procesos de denuncia y búsqueda, así como su trabajo en incidencia en políticas públicas.
“La desaparición del cuerpo de una mujer o niña debe ser delito”
Desde la organización buscan instaurar el Día Contra la Desaparición Forzada de Mujeres y Niñas, el 9 de noviembre, fecha en que desaparece Paola Alvarado, hija de una de sus integrantes, Nancy Cortés.
Gran parte del trabajo que se realiza es por la experiencia de Nancy, quien inicialmente participó en la agrupación Familiares Víctimas de Femicidios, pero que en el caso de desapariciones se enfrentan a situaciones distintas, donde muchas familias ni siquiera saben quién es el agresor ni cómo buscar a sus hijas.
“Mientras no encuentren a sus hijas, para esas familias no hay justicia, el Estado debe proporcionar los mecanismos para la búsqueda de las mujeres y niñas. En ese sentido, buscamos que el hacer desaparecer un cuerpo, el cuerpo de una mujer o niña, sea reconocido como un delito, con penas proporcionales a la gravedad del daño causado”, resalta Catalina.
Cabe mencionar, en palabras de Dettoni, que esta iniciativa surge posterior a la ley de reparación para familiares víctimas de femicidio, buscando tipificar el delito de desaparición forzada y cerrar vacíos legales que impiden la persecución penal de los responsables.
Este principio se refleja en casos como el de Catalina Álvarez Godoy, quien tenía 16 años el día de su desaparición. Aunque su femicida ya fue condenado, aún no se encuentra su cuerpo.
Demanda al Estado de Chile y articulación internacional
“Por otro lado, también estamos trabajando en una demanda contra el Estado de Chile, justamente por no estar garantizando este derecho humano de mujeres y niñas a vivir vidas libres de violencia, sobre todo por el no buscarlas. En el caso de Paola Alvarado, los dos años que estuvo abierto su juicio, se tuvo poco apoyo de la institucionalidad. A la fecha del cierre del juicio fue Nancy quien con sus propios recursos debió gestionar búsquedas”, comenta Catalina.
El trabajo de Ni Una Menos trasciende las fronteras y ha establecido alianzas en Perú, Bolivia, Colombia y Argentina, compartiendo experiencias, estrategias y visibilización de los casos de desaparición.
Este esfuerzo de articulación demuestra que la lucha feminista contra la violencia y la desaparición forzada de mujeres y niñas no es solo un desafío local, sino un problema regional y mundial, que requiere coordinación, solidaridad y acción colectiva de las organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos humanos, así como voluntad política y el cumplimiento de las obligaciones de los Estados en prevenir, proteger y garantizar justicia.
